¿A quién pertenece el Banco Nacional? Alerta sobre el riesgo de captura política
La destitución de toda la junta directiva del BNCR revive viejas prácticas y abre la puerta a una peligrosa politización de la banca pública costarricense.
La reciente destitución en pleno de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), ejecutada por el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, representa un serio retroceso en materia de gobernanza institucional. La medida, que ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores, sugiere una injerencia política directa que rompe con décadas de esfuerzos por proteger a la banca estatal de la manipulación partidaria.
El trasfondo de esta decisión —presuntamente motivada por desacuerdos en el proceso de nombramiento de la gerencia general— ha generado un clima de incertidumbre en el sistema financiero nacional. A esto se suma la posterior y acelerada designación de nuevos directivos, la renuncia de uno de ellos por conflicto de intereses, y la intervención directa del presidente Rodrigo Chaves en decisiones crediticias sensibles. Todo apunta a una preocupante tendencia de concentración política en una entidad que, por su naturaleza, debería operar bajo criterios técnicos y no partidistas.
Un patrón conocido: cuando la política se entromete en la banca
La historia internacional ofrece advertencias claras. El Banco do Brasil vivió una crisis profunda tras años de intervención política en sus decisiones de crédito, afectando su rentabilidad y credibilidad. En Estados Unidos, la falta de supervisión adecuada en Fannie Mae y Freddie Mac contribuyó a la crisis financiera de 2008, cuando decisiones de alto riesgo fueron impulsadas por presiones políticas y objetivos ajenos a la viabilidad financiera.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido enfáticos en que los bancos públicos deben ser regidos por principios de gobierno corporativo sólido, con independencia operativa y sistemas de gestión de riesgos bien definidos. La situación del BNCR se aleja peligrosamente de estas directrices.
En el ámbito local, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la normativa de la SUGEF sobre gobierno corporativo subrayan la responsabilidad de las juntas directivas de actuar con independencia y profesionalismo. Asimismo, la Ley de Administración Financiera de la República establece que las entidades estatales deben velar por la eficiencia, transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.
Riesgos reales: más allá del discurso
La intervención política en la operación bancaria no es un debate teórico; sus consecuencias son tangibles y graves. Desde una perspectiva técnica, la situación actual del BNCR abre la puerta a riesgos de gran escala:
- Riesgo reputacional: la percepción pública de que el banco responde a intereses políticos puede debilitar la confianza de los depositantes y del sector empresarial.
- Riesgo crediticio: decisiones motivadas políticamente, y no por análisis de riesgo, pueden derivar en una cartera tóxica e incobrable.
- Riesgo institucional: se compromete la autonomía del banco y su capacidad de atraer talento técnico independiente.
- Riesgo sistémico: la afectación del BNCR, por su tamaño e impacto, puede desestabilizar todo el sistema financiero nacional.
Costa Rica ya ha vivido experiencias trágicas con la caída del Banco Anglo y Bancrédito, donde la intromisión indebida en decisiones técnicas derivó en pérdidas millonarias, cierre de operaciones y daño a la imagen del país.
La banca pública no es un botín
La autonomía institucional no es un lujo, es una necesidad para preservar la estabilidad económica. El BNCR es un actor central en el financiamiento productivo, la bancarización de sectores vulnerables y el equilibrio del sistema financiero. Tratarlo como una dependencia del Poder Ejecutivo equivale a socavar uno de los pilares de la confianza ciudadana y empresarial.
La separación clara entre lo político y lo técnico no es solo deseable; es imprescindible. La junta directiva debe definir las estrategias y supervisar su cumplimiento, pero las decisiones operativas —como la aprobación de créditos— deben ser evaluadas por estructuras técnicas profesionales, con base en criterios de riesgo, liquidez y sostenibilidad.
¿Cómo blindar al Banco Nacional?
Ante este panorama, es urgente avanzar en reformas que fortalezcan la gobernanza del BNCR y lo protejan de futuras capturas políticas:
- Establecer plazos fijos no revocables para los nombramientos de directores, con requisitos de idoneidad certificados por una comisión técnica independiente.
- Fortalecer el cumplimiento de normas SUGEF sobre gobierno corporativo y exigir declaraciones públicas de intereses a todos los miembros de juntas.
- Limitar por ley la intervención política en decisiones operativas, blindando funciones como la aprobación de créditos o la designación de gerencias.
- Implementar auditorías externas periódicas que evalúen no solo la situación financiera, sino también el grado de cumplimiento de estándares de gobernanza.
Una llamada a la conciencia institucional
Creer que lo ocurrido no tendrá consecuencias sería ingenuo. Si la ciudadanía o el sector productivo perciben que los fondos depositados en el Banco Nacional pueden ser utilizados con fines partidarios o revanchistas, buscarán alternativas. El resultado: debilitamiento de la banca estatal, concentración del crédito en manos privadas y una brecha aún mayor en el acceso financiero.
Lo que está en juego no es una disputa política, sino el futuro de una institución fundamental para el desarrollo del país. Costa Rica no puede permitirse que el Banco Nacional sea tratado como botín de los políticos de turno. La defensa de su autonomía es, en última instancia, la defensa del interés público.
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Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
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