Gobierno de Costa Rica toma control total de las juntas directivas del Banco Nacional y el Banco Popular
¿Retroceso en la independencia bancaria o corrección institucional urgente?
Introducción: cuando el sistema financiero tiembla desde dentro
En un giro inesperado y de alto impacto para la institucionalidad bancaria costarricense, el Poder Ejecutivo ha asumido el control total de las juntas directivas de dos de las entidades financieras más grandes del país: el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP). Aunque las medidas se han ejecutado bajo el marco legal, su forma y fondo han generado preocupación en sectores técnicos, financieros y ciudadanos. ¿Qué nos dice esto sobre la salud de nuestro sistema bancario? ¿Hay una lógica de saneamiento o una peligrosa concentración de poder?
Un antecedente clave: la inestabilidad gerencial del Banco Nacional
Para entender este momento, es indispensable retroceder en el tiempo. El Banco Nacional ya había sido escenario de tensiones institucionales cuando, en julio de 2023, fue removido su entonces gerente general, Bernardo Alfaro Arrieta, en medio de cuestionamientos por su estilo de liderazgo y desacuerdos con la Junta Directiva. Aquella destitución generó inquietud, pues Alfaro era visto como un perfil técnico de reconocida trayectoria (exsuperintendente de SUGEF), y su salida fue considerada por algunos como el resultado de presiones políticas más que de una evaluación objetiva de su desempeño.
El vacío dejado por Alfaro derivó en la elección, altamente polémica, de Rosaysella Ulloa Villalobos como nueva gerenta general. Fue precisamente ese proceso de nombramiento el que encendió las alarmas del Ejecutivo este año, y que ahora ha llevado a la destitución completa de la Junta Directiva del BNCR.
Caso Banco Nacional: remoción total bajo cuestionamientos de transparencia
El 28 de mayo de 2025, el Gobierno destituyó en bloque a los siete miembros de la Junta Directiva del BNCR, bajo el argumento de que el nombramiento de Ulloa fue “ilegal, poco transparente y apresurado”, según lo consignado en el informe RES-PV-008-2025 del vicepresidente Stephan Brunner. Entre las irregularidades citadas:
- Proceso de reclutamiento realizado en solo 9 días hábiles.
- No se realizaron entrevistas a los candidatos.
- No se aplicaron los filtros definidos en el cartel.
- No se valoraron adecuadamente los atestados e idoneidad de los postulantes.
El reemplazo inmediato de los directores por nuevos nombramientos del Ejecutivo rompe con la tradición de escalonamiento institucional, diseñada para preservar continuidad, memoria técnica y pluralidad en la toma de decisiones estratégicas. Esta ruptura, aunque legal, refuerza la tesis de un posible cálculo político previo, generando preocupación en cuanto a la autonomía operativa de la banca pública.
Banco Popular: una intervención temporal que se volvió indefinida
En el caso del Banco Popular, la situación responde a una serie de maniobras prolongadas. Desde 2022, el Gobierno ha rechazado sistemáticamente la validación de los cuatro miembros de Junta propuestos por la Asamblea de Trabajadores del Banco (ATT), bajo argumentos relacionados con los requisitos de idoneidad.
Esta omisión derivó en la emisión de un decreto temporal de nombramiento en 2023, que posteriormente fue prorrogado de manera indefinida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44331-MP-MTSS. Así, la totalidad de la Junta ha quedado bajo dominio del Ejecutivo, lo que le permitió también nombrar a la actual gerente general, Gina Carvajal, quien tiene nexos públicos con el oficialismo, al haber presidido anteriormente la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.
¿Quién remueve a quién? Marco legal en Costa Rica
La remoción de juntas directivas de bancos estatales en Costa Rica está prevista en la normativa que rige a cada entidad autónoma o semiautónoma. En el caso del Banco Nacional, el Ejecutivo tiene la potestad de nombrar y remover a sus miembros, pero se espera que lo haga con criterios de conveniencia nacional, transparencia y defensa del interés público.
En el caso del Banco Popular, la ley establece una composición mixta, en la que cuatro de sus siete miembros deben ser electos por la Asamblea de Trabajadores. Sin embargo, como la designación final requiere refrendo del Ejecutivo, el Gobierno puede (y ha usado) su facultad de “vetar” dichos nombramientos, extendiendo de facto su control sin necesidad de una reforma legal.
Corrupción, opacidad o reordenamiento institucional: ¿qué está ocurriendo?
Este escenario plantea una pregunta inevitable: ¿estamos ante una lucha contra la corrupción o ante una captura institucional disfrazada de orden administrativo?
El Gobierno ha esgrimido motivos de transparencia y legalidad, pero no ha presentado informes técnicos sólidos ni auditorías independientes que respalden su decisión de intervenir las juntas de manera tan drástica. A esto se suma la inclusión de elementos políticos en su discurso, como la mención a un “rival político” supuestamente beneficiado en la renegociación de créditos, lo cual plantea serias dudas sobre el uso del aparato bancario con fines políticos o de represalia.
Implicaciones financieras y reputacionales: ¿a dónde vamos?
Según cifras oficiales, el BNCR representa el 25% de los activos del sistema bancario nacional y el BP un 14%. Son entidades sistémicas cuyo impacto trasciende al ciudadano común, afectando condiciones de crédito, confianza internacional y relaciones con organismos multilaterales.
Expertos como Fernando Naranjo, Luis Liberman y Bernardo Alfaro han advertido sobre el riesgo reputacional que esto representa, no solo para las entidades en cuestión, sino para todo el sistema financiero del país. Incluso se ha planteado la posibilidad de que la SUGEF intensifique su fiscalización interna, elevando el nivel de vigilancia por la alteración de los contrapesos naturales dentro de los bancos.
¿Qué podemos esperar?
A futuro, el principal reto será la recuperación de la confianza institucional. No basta con cambios gerenciales o directivos si estos no vienen acompañados de procesos abiertos, auditables y técnicamente fundamentados. La percepción de que se están usando mecanismos legales para fines políticos puede erosionar la imagen país, debilitar la gobernanza pública y perjudicar incluso la calificación de riesgo soberano.
La ciudadanía, los medios, los entes reguladores y los profesionales del sector debemos permanecer vigilantes. En un momento donde el poder de decisión sobre ₡13 billones en activos bancarios está en juego, la transparencia no puede ser una aspiración: debe ser un requisito.
Conclusión: cuando la legalidad no basta
Las recientes acciones del Gobierno costarricense sobre el Banco Nacional y el Banco Popular, aunque amparadas en la legalidad, despiertan más preguntas que certezas. Lo legal no siempre es lo legítimo. Y en la banca pública, donde la confianza y la estabilidad son valores intangibles pero esenciales, cualquier atisbo de discrecionalidad o arbitrariedad tiene un costo alto.
Este es un momento crucial para reflexionar como país:
- ¿Queremos un sistema bancario alineado al poder de turno o gobernado con independencia técnica?
- ¿Vamos a permitir que el fin justifique los medios, aunque eso mine el corazón institucional de la banca pública?
La historia juzgará si este fue un acto de limpieza o una señal de alarma.
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Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
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Jorge Gutierrez Guillen
Fuente: Delfino.cr – La Nación – El Financiero
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